Desde hace décadas, una gran parte de las leyes nacionales no es más que la transposición servil de directivas comunitarias, mientras que el Tribunal de Justicia extiende el imperio de su jurisprudencia y de su interpretación abusiva de los tratados. Hasta ahora, gracias al derecho de veto residual, cada país miembro podía aún, en teoría, rechazar consentir a una política que le fuera perjudicial. Pero desde la Conferencia «ciudadana» sobre el futuro de Europa, organizada en 2022 de manera perfectamente opaca y pseudo-democrática, la supresión de este derecho está programada. En mayo de 2023, líderes franceses y alemanes electos pero no mandatados para ello declararon querer reformar la UE en este sentido. En septiembre de 2023, expertos franco-alemanes presentaron su informe. El 22 de noviembre de 2023, una resolución del Parlamento Europeo propuso modificar los tratados para generalizar la regla de la mayoría cualificada en todos los ámbitos sin excepción y prever más sanciones contra los estados miembros recalcitrantes. El 29 de noviembre siguiente fue el turno de la Asamblea Nacional francesa de votar una resolución a favor de un proyecto de tratado que relega nuestra soberanía y prevé explícitamente que las fronteras exteriores, la protección civil, los asuntos exteriores, la seguridad común, la defensa, la industria y la educación se conviertan en «competencias compartidas» de la Unión Europea, es decir, que los estados solo dispongan de una competencia residual.

La adopción de esta reforma, que transferirá a la Unión los últimos elementos de las condiciones esenciales para el ejercicio de la soberanía nacional, realizará el sueño de algunos de una Europa federal, dirigida por una comisión que lleva oficialmente el título de «Ejecutivo», encabezada por un «Presidente de la Unión Europea». El fin de las soberanías nacionales, y por tanto de nuestras democracias, está así claramente proyectado. Los pueblos europeos presienten desde hace tiempo esta desposesión. Disuelve la soberanía nacional y popular. Socava la democracia. Los franceses, por ejemplo, se opusieron en 2005 a un primer intento de federalización que sellaba su desaparición política y cultural, pero sus reticencias fueron barridas por líderes convertidos a la ideología de la «sociedad abierta». El veredicto popular fue despreciado y eludido por la ratificación parlamentaria del tratado de Lisboa, simple copia del tratado rechazado por los franceses. Es la continuación de este proceso la que está actualmente en curso. Nuestros líderes se disponen a tomar una decisión mayor que compromete el destino de nuestros países, su independencia y su existencia misma como naciones. Aprovechando la angustia suscitada por la guerra, precipitan la federalización sin nunca nombrarla y sin que las poblaciones europeas puedan tomar la medida de su desposesión.

En lo que a nosotros concierne, rechazamos esta deriva. Pensamos que un sistema federal post-democrático es contrario al genio de Europa y al imaginario colectivo que produce lo común a partir de la diversidad de sus naciones y de su cultura propia. La desconexión definitiva entre los pueblos y la maquinaria europea concluirá la desresponsabilización de los líderes nacionales y multiplicará las reacciones nacionalistas, con el riesgo de conducirnos al caos. Cualquiera que sea nuestra visión de Europa, y la opinión que se tenga sobre la reforma y los ampliaciones en preparación, debemos exigir que un salto cualitativo tan grande hacia lo desconocido de un sistema supranacional, que menoscaba la identidad de los pueblos, la existencia de las naciones y la experiencia de los estados de Europa, sea sometido a referéndum.

Es urgente abrir el debate sobre lo que se está preparando. Las elecciones de junio de 2024 deben ser la ocasión de pronunciarse con conocimiento de causa sobre el proyecto de federalización en curso, así como sobre los ampliaciones previstas. Los firmantes de este llamado y los ciudadanos que se asocien piden a los candidatos de cada lista a las elecciones europeas que tomen claramente posición sobre estos proyectos y se comprometan a hacerlos someter a la ratificación popular.